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En una época de agitación política, hay disposiciones para organizar una transferencia de poder por fases, diseñada con tres objetivos en mente.

El primero es la minimización de incentivos para un golpe. No hay ninguna persona ni cargo en el gobierno que pueda asumir la responsabilidad de la regencia en tiempo de crisis de forma predeterminada, sino que el regente debe ser elegido por acuerdo parlamentario. Esto sirve para evitar tramas de ascenso al poder y para desanimar a quienes las apoyarían. Los documentos que nos gobiernan asumen que el cuerpo legislativo será capaz de detectar a posibles usurpadores.

El segundo es la garantía de estabilidad para los parlamentarios durante y después de la fase de transición. Durante un interregno, mientras un regente gobierna, hay categorías de leyes y decretos que no pueden ser alterados sin el apoyo mayoritario del parlamento. De esta forma, la vida cotidiana del pueblo no cambiará de forma drástica durante la época de regencia, ni tampoco cuando un heredero llegue al trono.

El tercero, y puede que el más importante, es que debe encontrarse un sucesor digno. Para descartar las decisiones precipitadas y maximizar la estabilidad, no se aplicará ningún límite de tiempo al periodo de regencia. Históricamente, las decisiones apresuradas suelen ser acogidas con importantes protestas que desembocan en mayor revuelo político o incluso en conflictos. Cuando se encuentre al heredero adecuado y llegue al puesto alguien a la altura del cargo, los demás ocuparán su lugar y lo apoyarán.

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